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CAPITANES

CIUDAD DE MÉXICO.- Gonzalo Robina. El director de Fibra Uno y presidente de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias quedó satisfecho con los cambios a la Ley del ISR que les permitirán invertir hasta 30 por ciento de su patrimonio en sus propios activos, con lo que puede incentivarse su precio en el mercado.

 

MEJORALITO
La Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos, no fue el único organismo que se opuso al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Familiar que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto, pues otros 3 se pusieron rejegos a la hora de firmar el documento.
Hasta el sábado pasado, dos días antes de que se firmara el acuerdo en Los Pinos, había una negativa total por parte de Concamin, encabezada por Manuel Herrera, y Concanaco, representado por Enrique Solana. También expresaron sus dudas los afiliados a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que preside Recaredo Arias.
Al parecer, llamadas fueron y vinieron para que los 4 inconformes sumaran e incuso Solana estuvo en la Secretaría de Economía el mismo lunes en que se dio a conocer el acuerdo.
La historia la conoce: los organismos, excepto Coparmex, dieron su brazo a torcer.
Posteriormente, Ildefonso Guajardo se apuró a negar que el acuerdo se hiciera sobre las rodillas, aunque nunca circuló de manera oficial documento alguno y los intercambios de opiniones se hicieron vía WhatsApp.
Todavía quedan en veremos los alcances del acuerdo, que parece un mejoral para calmar el malestar causado por el alza en las gasolinas.

EL OPTIMISTA
En estos días tan grises para la economía mexicana, con un dólar inalcanzable y el gasolinazo que caló hondo, la presencia en México de José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, le vino como anillo al dedo al gobierno.
Como cada vez que viene al país, Gurría repartió espaldarazos al Gobierno Federal, aplaudió las reformas, minimizó los riesgos y predicó optimismo.
Ahora el dirigente internacional afirmó que el gasolinazo era necesario pese al enojo popular, que las finanzas públicas están bien manejadas y de plano, hasta aseguró que el poder adquisitivo de los mexicanos va para arriba.
No importa que el gobierno esté contra las cuerdas, Gurría en cada visita se encarga de destacar que México va bien y las autoridades siempre toman las decisiones adecuadas.
Lo anterior lo dice sin empacho, aunque en los propios estudios del organismo a su cargo se diga lo contrario o se señalen serios focos amarillos que ponen en riesgo el bienestar de millones de mexicanos.
Con razón siempre es tan bienvenido.

MANOS EN LA MASA
Ahora que Economía, encabezada por Ildefonso Guajardo, le echó lápiz al efecto del gasolinazo en diferentes productos, es mejor que industriales y comerciantes piensen dos veces antes de irse por la libre al subir sus precios por efecto del alza en combustibles.
Lo que para Economía son sólo centavos de peso, tiene un efecto mayor en sus productores, pues sus costos incluyen electricidad y salarios, además de los combustibles que subieron.
Y aquí viene la advertencia, pues ya le pasó en 2012 al presidente de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, Lorenzo Mejía, quien fue acusado por Comisión Federal de Competencia Económica, de Alejandra Palacios, de alborotar el avispero para aumentar el precio de la torrilla de 8 a 11 pesos por kilo.
Tras una investigación, la Cofece lo multó con 54 mil 500 pesos en lo individual y 68 mil 200 a la Unión por encontrar evidencia de acuerdos entre sus agremiados, competidores entre sí, para aumentar por la libre.
Cabe recordar que ese incidente se dio antes del cambio a la Ley Federal de Competencia Económica, que ahora consideraría esto como reincidencia, con multas del doble.
Así que si tortilleros u otros productores le quieren responder a Guajardo, tendrán que echarle números a la multa, que ahora contempla 10 por ciento de los ingresos de las empresas coludidas y hasta 5 años de prisión.
Ahora, falta al gobierno explicar cuáles son los aumentos injustificados.

EMPRESA EN ENTREDICHO
Fue el 29 de diciembre cuando la Secretaría de la Función Pública, que lleva Arely Gómez, publicó la inhabilitación a Centro de Productividad Avanzada, mejor conocida como Grupo Cepra, que encabeza Joel Sánchez Vázquez.
La inhabilitación por un año incluye multa de 730 mil pesos y la impuso el titular de Responsabilidades del corporativo de Pemex, Gustavo Aguilar.
Se sabe que la sanción es por presentar una cédula falsa o que no aparece en el registro de la SEP, por lo que Cepra promovió un amparo la primera semana del año. El detalle es que las inhabilitaciones no pueden ser suspendidas por los jueces de amparo.
Cepra no es cualquier changarro. Suma más de 70 contratos de servicios informáticos con el gobierno federal, que rebasan los 6 mil millones de pesos.
Uno de los más sonados lo obtuvo el año pasado, cuando gracias a una decisión de la misma SFP, el SAT, a cargo de  Osvaldo Santín, le adjudicó un contrato hasta por mil 178 millones de pesos para administrar puestos de servicio a los contribuyentes.

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