MAURICIO LÓPEZ BONILLA, EXMINISTRO LIGADO A LOS ZETAS

De héroe de guerra a narco

Enfrenta tres procesos judiciales por corrupción y EU ha solicitado su extradición para enfrentar cargos de narcotráfico

De héroe de guerra a narco

López Bonilla deberá comparecer ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal para que se le informe sobre la solicitud de extradición.

López Bonilla deberá comparecer ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal para que se le informe sobre la solicitud de extradición.

CIUDAD DE GUATEMALA (Apro).- El exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, exmilitar condecorado como héroe de guerra durante el conflicto armado que azotó Guatemala 36 años y antiguo aliado de Washington, enfrenta tres procesos judiciales por corrupción, a los cuales ahora se suma una petición de extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.
El pasado 8 de enero, la corte del Distrito de Columbia acusó, por separado, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a López Bonilla del delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína con el conocimiento de que sería transportada a Estados Unidos.
El 7 de junio, el Ministerio Público (MP) recibió la solicitud de extradición contra Baldetti, y el 23 de junio, la de López Bonilla, ambas emitidas por el Departamento de Justicia estadunidense.
El Ministerio de Gobernación, que López Bonilla tenía a su cargo, es una de las carteras con mayor presupuesto (superior al que se le asigna al ejército) y controla a la Policía Nacional Civil (PNC) y el sistema penitenciario.
Según el Departamento de Justicia estadunidense, de 2010 a 2015 López Bonilla recibió dinero de diversos cárteles de la droga, entre ellos Los Zetas, a cambio de permitir que operaran libremente en el país.

TESTIGOS
La solicitud de extradición se basa en las declaraciones de tres personas identificadas como "testigos” 1, 2 y 3, quienes afirman que López Bonilla era conocido como El Pato, El M, El Arquitecto o El Hombre.
El Testigo 1 declaró que en 2013 le pagó a López Bonilla 1 millón de dólares para que permitiera el traslado de varios miles de kilogramos de cocaína hacia Guatemala, sin intromisión de las fuerzas de seguridad. Estos cargamentos pasaron a manos de cárteles mexicanos que los trasegaron a Estados Unidos. El mismo testigo agregó que le pagó al exministro 300 mil dólares adicionales a cambio de no ser capturado por la policía. El pago fue entregado a López Bonilla por conducto del Testigo 2.
Los testigos 2 y 3 dijeron, además, que le entregaron a López Bonilla otros 200 mil dólares a cambio de información sobre las operaciones policiacas en curso dirigidas contra Los Zetas.
Según estos testimonios, López Bonilla encargaba a oficiales de la policía la tarea de escoltar cargamentos de cocaína y recibía coimas a cambio de asignar personal afín a los intereses del crimen organizado.
"Estos actos redujeron las actividades de las fuerzas de seguridad y protegieron a traficantes de drogas mientras transportaban drogas dentro y a través de Guatemala”, afirma el Departamento de Justicia estadunidense en la petición de extradición.

 

 

PROTECCIÓN POLÍTICA
Héctor Silva Ávalos, investigador residente del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University e investigador de Insight Crime, explica que la importancia de las acusaciones que el gobierno estadounidense formula contra Baldetti y López Bonilla radica en que, de ser probadas en una corte, evidenciarían que "las organizaciones del tráfico de droga locales crecieron, en gran medida, gracias a la protección política que tuvieron, una protección que venía desde el más alto nivel”.
Esa protección política, subraya Édgar Gutiérrez, exdirector del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alfonso Portillo, no se circunscribía a Los Zetas: "El núcleo del Partido Patriota administraba relaciones con diferentes cárteles partiendo de dos realidades: tenía el control de las fuerzas de seguridad guatemaltecas y de gran parte de su territorio. Con esas premisas era capaz de establecer reglas del juego a diferentes grupos de narcotraficantes”.­
El próximo jueves 20, López Bonilla deberá comparecer ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal para que se le informe sobre la solicitud de extradición. Es probable que la acepte voluntariamente, como lo hizo Baldetti el pasado 15 de junio, con el afán de lograr una pena reducida en una corte de Estados Unidos a cambio de convertirse en colaborador de la justicia de ese país y proporcionar detalles sobre las organizaciones criminales con las que tenía nexos.
Pero según los términos del tratado de extradición entre Guatemala y Estados Unidos, antes de que pueda ser extraditado, López Bonilla deberá enfrentar tres procesos penales por corrupción en Guatemala.
En el primero, conocido como el Caso Patrullas, se le acusa de peculado por uso y cohecho pasivo, por haberse embolsado 518 mil del millón 600 mil dólares que el ministro de Gobernación asignó al mantenimiento de las patrullas de la PNC.
En el segundo, el Caso Blindado, se le acusa, junto con otros dos altos funcionarios, de haber evadido la Ley de Contrataciones al arrendar 47 vehículos blindados para el transporte de funcionarios, investigadores y testigos en casos de alto impacto sin una licitación pública.
El tercero, el Caso Cooptación del Estado, involucra también a Baldetti. Según el MP existía una red de altos funcionarios, liderada por la exvicepresidenta, que recibió comisiones ilegales por entregar contratos a empresas que financiaron la campaña del Partido Patriota en 2011.
A López Bonilla se le acusa de recibir sobornos por la contratación de la empresa de seguridad privada Escorpión para resguardar las sedes del Registro Nacional de las Personas. Parte de estas coimas fueron supuestamente utilizadas para comprarle lujosos regalos a Otto Pérez Molina, presidente de 2012 a 2015.

 

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