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Domingo, 05 de Septiembre de 2010

REYNOSA, TAMPS.- La noticia en torno a la matanza de 72 migrantes centro y sudamericanos en un rancho del municipio de San Fernando, que comenzó a difundirse el martes 24, sorprendió al mundo, pero no a los tamaulipecos. Los lugareños comentan que aun cuando este caso salió a luz pública no es ni el 10% de lo que sucede en la entidad y que las autoridades suelen ocultar.

Diversas fuentes –políticas, sociales y de la administración pública– que optaron por el anonimato coinciden en señalar que ya transcurrieron siete meses desde que el cártel del Golfo (CDG), en alianza con "La Familia michoacana" y con el cártel de Sinaloa, declaró la guerra a sus antiguos aliados: "Los Zetas". Desde entonces el terror alcanza ya a todos los sectores sociales y a la mayoría de los municipios de esta entidad.

En Tamaulipas sólo la discreción salva la vida. De algún modo todos, periodistas, políticos, funcionarios, ciudadanos comunes, recurren a diluirse en la inexistencia formal. Uno de los políticos consultados dice: "Si antes era peligroso hablar, ahora es imposible hacerlo; te juegas la vida en ello. Ahora todos hemos sido víctimas de la violencia o tenemos un amigo, un familiar o un vecino que la ha padecido. La mayoría de las veces asumen su situación en silencio, porque ni siquiera existe la posibilidad de que acudas a denunciar. Le temes por igual a los policías y a los narcos".

En esta ciudad las balaceras y los narcobloqueos son cotidianos. Las escaramuzas entre ambos grupos delincuenciales, con participación del Ejército y la Marina, se desatan en los lugares más céntricos y en horas hábiles. También ya son parte de la cotidianidad las ejecuciones masivas, las fugas de presos y los ataques a las sedes policiacas o a los medios de comunicación. Lo reciente, la novedad, es el terrorismo; por el momento, a través de coches-bomba.

Entre el 27 y 29 de agosto, los grupos delictivos perpetraron siete ataques con explosivos: dos con coche-bomba en las instalaciones de Televisa y en la delegación de tránsito de Ciudad Victoria, tres con bombas en lugares públicos cercanos al puente Internacional de Reynosa, uno más frente a las oficinas de la policía en Tampico, y otro con granadas en la base de la Naval en Matamoros.

La guerra entre ambos grupos delincuenciales comienza a desgastar a los contendientes. Ambos requieren cada vez de más dinero, alimentos, vehículos y combustible para resistir. Las bajas son numerosas y cada bando necesita nuevos elementos para sustituir a los caídos y reposicionarse. Lo preocupante, dicen los entrevistados, es que son los ciudadanos quienes pagan las consecuencias. Y recalcan: "Esto está ya fuera de control".

BALACERAS TODOS LOS DÍAS

Pese a la violencia creciente, los funcionarios estatales se niegan a hablar del problema. El secretario de Seguridad Pública, Ives Soberón, y el procurador de Justicia local, Jaime Rodríguez Inurrigarro, no han organizado ni una rueda de prensa desde el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, ocurrido el 28 de junio último.

Antes los hechos violentos se reducían a dos o tres a la semana en toda la entidad, pero en los últimos meses las balaceras, ejecuciones, plagios y ataques suceden todos los días en Tampico, Altamira, Madero, Nuevo Laredo, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Ciudad Victoria, Mante, los municipios de la frontera chica y en la zona rural de la entidad, dice un empresario local. Y asegura que tras el asesinato de Torre Cantú la pugna entre los grupos se recrudeció.

Hoy, los tamaulipecos se enteran de lo que ocurre en su entorno a través de las redes sociales. Desde los sitios electrónicos intercambian datos y lanzan advertencias cuando se enteran de que hay un enfrentamiento. Pero algunas veces entran en pánico cuando leen algún mensaje sobre toques de queda o anuncios de que un comando entrará a las escuelas a matar niños, aunque la información sea falsa.

Y cuando un medio local publica alguna nota sobre la violencia es porque recibió la orden de uno de los bandos en pugna para denostrar a su rival o para desprestigiar al Ejército o la Marina. Las filiales de Televisa en Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Victoria han sido objeto de ataques en el último mes. El más reciente fue con un coche-bomba.

Y así como la libertad de información está restringida desde hace años, el libre tránsito se trastocó en los últimos meses. Hoy, por ejemplo, los delincuentes colocan retenes en las carreteras y brechas para asaltar o robar vehículos a los conductores; también son frecuentes las violaciones a las mujeres. Por eso los tamaulipecos temen salir a la calle y hasta han modificado sus horarios para viajar.

La inestabilidad alcanza incluso a los propios funcionarios. El subsecretario de Educación, Bladimir Martínez, y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Víctor de León Ortiz, fueron despojados de los vehículos oficiales que tenían asignados.

A De León los narcos le quitaron incluso sus botas de piel. Horas después, cuando se dieron cuenta de quién era, se las devolvieron, junto con el vehículo, que apareció en el municipio de González, relata un testigo.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA

La inestabilidad afecta también los negocios en Tamaulipas. Algunos quebraron porque la inseguridad agravó la crisis económica en muchas poblaciones; otros prefirieron cerrar, agobiados por las cuotas que les imponen los grupos delincuenciales para bridnarles seguridad.

Las extorsiones también alcanzan a ganaderos y agricultores cuando los sicarios se enteran de que tuvieron ingresos por vender sus hatos o por levantar sus cultivos.

A la cosecha de sorgo de este año, muchos de los propietarios de trilladoras de Guanajuato y Jalisco que normalmente acuden a Tamaulipas a prestar sus servicios ya no quisieron venir. Dijeron que no estaban dispuestos a pagar las cuotas que les exigían por cada una de sus máquinas que trabajara.

En Reynosa, la Asociación de Maquiladoras trasladó sus oficinas a McAllen, Texas; y en Tampico, ante la creciente ola de secuestros contra empresarios, el Grupo Alfa amenazó al gobierno estatal con retirar sus plantas productivas. Eso sucedió luego de que uno de los gerentes de la compañía, Carlos Flores, fue sacado de su casa junto con su esposa y su hijo el miércoles 11.

El ex alcalde de Tampico, el panista Arturo Elizondo, propietario de las tiendas de autoservicio Arteli, fue secuestrado dos días después de las elecciones del 4 de julio último. Permaneció una semana en cautiverio y recuperó su libertad tras el pago de 30 millones de pesos. Su esposa, Concepción Fernández, pidió licencia como regidora en el ayuntamiento. Hoy, la familia Elizondo Fernández vive en Estados Unidos, igual que decenas de prominentes empresarios de la región.

Otro ex alcalde tampiqueño, Fernando Azcárraga López, primo del propietario de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, fue secuestrado el jueves 2. Hasta el cierre de edición se desconocía su paradero.

BUSCAN RECURSOS

Sin embargo, los plagios ya no son selectivos: igual se priva de su libertad a indocumentados que se dirigen a la frontera que a personas sin gran solvencia económica. El motivo: el crimen organizado busca afanosamente allegarse recursos para financiar su guerra.

En San Fernando, donde el martes 24 fueron localizados los cuerpos de 72 indocumentados de centro y sudamérica, se registraron 20 secuestros en las últimas semanas. A varias de las víctimas se les pidió dinero; otros fueron obligados a unirse a las filas de las organizaciones criminales.

Un ganadero relata que en abril pasado un grupo armado lo despojó de su propiedad. "Así como el mío, hay muchos otros ranchos y huertas", comenta.

Asegura que esas fincas son usadas como cuarteles o como campos de entrenamiento, y también para ocultar a las víctimas de los secuestros o de ejecuciones. Tal es el caso del rancho cinegético del municipio de Mier donde un operativo del Ejército, el pasado jueves 2, dejó como resultado 27 delincuentes muertos.

Los propietarios de gasolineras también se quejan porque, cuentan, con frecuencia llegan a sus establecimientos caravanas de 10 a 50 vehículos para llenar sus tanques, pero los conductores nunca pagan el combustible. Las pérdidas son cuantiosas, aseguran.

En las últimas semanas circuló un panfleto en la región citrícola de la entidad en el que se llamaba a los habitantes a sublevarse, a tomar la justicia por sus manos. El secretario general de Gobierno, Hugo Andrés Araujo, sólo declaró que las autoridades tenían conocimiento del documento y que lo reportaron al Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad.

En Ciudad Victoria, una de las regiones conocida por su tranquilidad, hoy se registran balaceras, ejecuciones y ataques a las instituciones con coches-bomba.

VACÍO DE AUTORIDAD

El reclutamiento forzado de indocumentados, como los 72 que fueron ejecutados en el municipio de San Fernando, no es nuevo para los lugareños.

Tampoco les sorprende la cantidad de muertos. Los entrevistados se basan en testimonios, escuchados o vividos, para sostener que esta no es la primera masacre en su tipo que ocurre en la entidad. "Si se supo en esta ocasión fue porque quedaron varios vivos", afirman.

Entrevistados al respecto, algunos de ellos afirman que en los últimos meses los grupos delictivos han dado "muestras desesperadas" de requerir sicarios para seguir en "la guerra".

Al menos en cuatro ocasiones los delincuentes han ingresado a los reclusorios de Reynosa y Matamoros para rescatar presos –en total suman ya 91– para incorporarlos a sus organizaciones. La última vez introdujeron un camión escolar al penal de Matamoros y con armas en mano obligaron a los reos a subir.

El vacío de autoridad es oprobioso. "Hoy más que nunca, los alcaldes y funcionarios estatales y municipales quisieran ya que su gestión hubiera terminado porque están sufriendo constantes amenazas de uno y otro bando y aún tendrán que esperar hasta enero para que entreguen", comenta un diputado local.

El miedo entre los servidores públicos se acrecentó con la reciente ejecución del alcalde del municipio de Hidalgo, Marco Antonio Leal García, ocurrida el pasado 29 de agosto.

Hay casos como el del alcalde de Tampico, Óscar Pérez Inguanzo, quien desapareció de la escena pública por un mes; el del edil de Camargo, José Correa, quien se refugió en Estados Unidos por unos meses, luego de que los narcos le quemaron su casa y su oficina; y el del alcalde panista del municipio de Méndez, quien cerró el ayuntamiento desde hace un mes luego de que un grupo armado rafagueó el edificio, cuya fachada tiene más de mil impactos.

El edil del municipio de Abasolo, Luis Ortiz Jaramillo, fue levantado el domingo 15 y liberado dos días después. Antes, el martes 10, en esa misma localidad fueron ejecutados los últimos cinco uniformados de la Policía Municipal Preventiva.

También hay casos insólitos, como el de Amarante Miranda Morato, quien aparece en el organigrama de la Procuraduría General de Justicia como director de la Policía Ministerial del estado, aunque desde marzo pasado se encuentra en Estados Unidos.

EL MUERTO ‘EXTRAVIADO’

En Tamaulipas es común que las autoridades oculten información sobre los operativos del narco o sobre las muertes de funcionarios.

El caso más reciente es el del agente del Ministerio Público del Fuero Común Roberto Suárez, quien desapareció junto con otro policía cuando regresaba de tomar fe de la localización de los 72 cadáveres de indocumentados en el municipio de San Fernando.

El 26 de agosto al mediodía, elementos de la Policía Ministerial informaron que los cuerpos de Suárez y otra persona habían sido localizados en la carretera que comunica a San Fernando con el poblado de Méndez.

Los uniformados comentaron que no tenían dudas, pues conocían a Suárez. Y cuando los familiares fueron a identificar el cadáver les dijeron que "se había extraviado".

El procurador Jaime Rodríguez declaró que Suárez y otro funcionario de Seguridad Municipal estaban "desaparecidos" y negó que sus cuerpos hubieran sido localizados. El propio presidente Felipe Calderón desmintió la información publicada el jueves 26 en varios medios de circulación nacional sobre la ejecución de Suárez. (APRO)

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