Editoriales

lunes, 06 de febrero de 2012

Nuestro sistema político presidencialista dificulta la formación de coaliciones legislativas al haber dos o tres partidos con similar fuerza. Por ello, desde hace tiempo, muchos hemos insistido en la urgencia de restructurar las instituciones políticas para fomentar la cooperación en las Cámaras. Este es uno de los retos más importantes para consolidar la democracia e implica reformar la Constitución ayer celebrada.

En primer lugar están los artículos 52, 53, 54 y 56 que imponen las reglas para conformar la Cámara de Diputados y Senadores. La primera tiene un total de 500, 300 de los cuales representan distritos y son elegidos por mayoría relativa y 200 que se eligen por representación proporcional en cinco circunscripciones.

La segunda tiene 128, 64 que representan a las 32 entidades federativas y son elegidos por mayoría relativa, otros 32 que son de la primera minoría de cada entidad y 32 de representación proporcional de una sola circunscripción plurinominal. Este sistema tan mezclado como complicado es producto de las largas negociaciones entre el PRI y la oposición para ir democratizando al país. El resultado es un verdadero menjurje que conduce a la fragmentación del poder: dos o más partidos sin mayoría y con similar fuerza, lo cual obstaculiza la posibilidad de formar coaliciones gubernamentales estables.

Los artículos 65 y 66 de la Constitución definen los períodos ordinarios del Congreso de la Unión. Son dos: del primero de septiembre al 15 de diciembre (tres meses y medio) y del primero de febrero al 30 de abril (tres meses). Es decir, en condiciones normales, los congresistas tienen seis meses y medio para diseñar, discutir, modificar y aprobar las leyes del país.

La Constitución establece que lo "ordinario" desde el punto de vista legislativo sea un trabajo correspondiente a un poco más de la mitad del año. Por supuesto, esto nunca se cumple y se invoca a lo extraordinario, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 67.

En las épocas del presidencialismo imperial, el Ejecutivo convocaba a períodos extraordinarios a diestra y siniestra para aprobar las iniciativas que expeditamente eran aprobadas sin modificar una coma. Hoy día, la realidad es que el Legislativo cambia todo, hasta las comas, lo cual hace que se agote el tiempo y se recurra a las convocatorias extraordinarias. Además, con la presión del tiempo encima, se forman coaliciones que engendran leyes defectuosas.

¿No sería hora de asumir que lo extraordinario ya es más bien ordinario e incrementar los períodos contenidos en el 65 y 66? Esto ordenaría aunque sea un poco los trabajos del Poder Legislativo que comienzan a ser estúpidamente maratónicos. Además, se daría más tiempo a la negociación política lo cual podría elevar las posibilidades de formar coaliciones más lógicas que produjeran leyes menos esperpénticas.

Finalmente está el Artículo 59 que prohíbe la reelección consecutiva de diputados y senadores federales. Esta cláusula condena al Legislativo a tener escasa experiencia y profesionalismo. Más aún, como los legisladores no pueden reelegirse, saben que su siguiente chamba depende de alguien que tenga influencia para colocarlos en un siguiente puesto. De ahí que se sometan al punto de reverencia a los líderes partidistas ("partidocracia"), a los coordinadores de las fracciones ("coordinacracia") o a los gobernadores de sus estados ("provinciacracia"). Los legisladores no tienen incentivos para romper con sus distintos grupos parlamentarios y llegar a arreglos individuales en la formación de coaliciones ad hoc. Una vez más, se merma la posibilidad de formar una coalición gobernante estable.

Es hora de cambiar la Constitución para ordenar al poder. No se pude dejar al garete un tema tan delicado como la representatividad y gobernabilidad del país. La celebración del cinco de febrero no puede ser nada más retórica como en el antiguo régimen. Hoy obliga también a la reflexión de qué tanto está sirviendo una ley fundamental que ha sido tantas veces parchada.

Twitter: @leozuckermann