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La contrarreforma de Gertz Manero

IRENE TELLO ARISTA / EL UNIVERSAL
viernes, 12 de julio de 2019 · 00:52
No hemos dejado de escuchar quejas sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en los últimos años. Acusaciones que lo definen como una puerta giratoria por la que entran y salen delincuentes, y que lo caracterizan como un mecanismo de protección de criminales.
Ante el alza en la incidencia delictiva en el país y el aumento en la impunidad para casi todos los delitos reportados, el SJPA se convirtió en el chivo expiatorio al cual culpar de ambos problemas.
A pesar de esto, si se trata de analizar la efectividad del sistema penal parecería que no hay escapatoria a las críticas. Sin embargo, una cosa es reconocer las claras deficiencias operativas del sistema y otra, muy distinta, el intentar adjudicar dichas carencias al entramado normativo que da sustento al SJPA, en lugar de reconocer las fallas administrativas y las ineficiencias de algunos de sus operadores.
Aunque no es la primera vez que se proponen una serie de reformas para intentar regresar a un sistema más de tipo inquisitivo, tomando en cuenta algunos comentarios del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, todo parece indicar que estamos en la antesala de una contrarreforma al SJPA. Una contrarreforma que eche por la borda y en paquete algunos de los elementos más significativos del sistema penal acusatorio.
En entrevista con Carmen Aristegui, así como en el informe que dio a los 100 días de su gestión al frente de la FGR, el fiscal Gertz Manero ha declarado su intento por reformar el sistema penal por encontrarlo en exceso garantista con los delincuentes y no con las víctimas.
Entre sus declaraciones respecto al plan de reforma se contempla la elaboración de un Código Penal Único, así como diversas modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales. En todas las declaraciones el fundamento es el mismo: se tiene que cambiar el sistema para proteger a las víctimas y terminar con la impunidad.
El argumento que sostiene que el sistema penal acusatorio protege delincuentes y no a las víctimas puede resultar convincente dada la percepción de inseguridad e impunidad en el país, sin embargo tiene dos grandes fallas: por un lado asume que las deficiencias del sistema penal se corrigen con base sólo en reformas legislativas y por otro lado considera que el sistema de justicia en nuestro país funciona tan pulcramente que no mete a personas inocentes a la cárcel.
Dicho sistema, que se considera tan eficaz, en esta visión contrarreformista, para identificar de manera precisa a los verdaderos criminales, es el mismo sistema plagado de fallas en su operación y en la labor de varios de sus operadores. Un sistema que ha dejado en su estela innumerables casos de personas torturadas, privadas de su libertad sin recibir sentencia, o sentenciadas injustamente
 Un par de reformas no van a corregir de un plumazo lo que no se ha logrado cambiar con años y miles de recursos gastados en capacitación. Lo que se busca es tener un respaldo normativo para regresar a las malas prácticas que durante años llevaron a cabo los ministerios públicos.
Con estas reformas, no se está buscando proteger a las víctimas, se está buscando resanar fallas operativas con cambios legislativos, siguiendo la dañina tradición en nuestro país de que los problemas se resuelven, modificando o creando leyes.
Lo que le falta al argumento de que el sistema de justicia penal protege a delincuentes es comprender que esos mal llamados delincuentes muchas veces son personas sin los recursos para acceder a una verdadera justicia.

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