Criterio Fiscal

Efectos fiscales de la resolución de la SCJN respecto a la fecha cierta

JORGE AYAX CABELLO HERNÁNDEZ
lunes, 16 de marzo de 2020 · 01:05

Desde el pasado 6 de diciembre de 2019 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación una resolución relacionada a la fecha cierta en temas fiscales, lo cual ha generado diversas reacciones entre los contribuyentes. Esto se explica cuando dos personas firman un contrato y ellos pueden establecer por escrito que lo hacen en una fecha determinada. Esta fecha puede coincidir o no con el día en que en realidad se firma el documento.

Existen casos en donde es necesario garantizar que un acto ocurrió en un determinado momento. Un ejemplo es cuando se hace el traspaso de un bien inmueble, por lo cual es necesario que este traspaso tenga fecha cierta, por lo que se firma ante notario y se ingresa en el Registro Público de la Propiedad.

Al realizarse este proceso se dice que el documento adquiere fecha cierta. Enfocándonos en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos podemos preguntar por qué el SAT puede tener interés en exigir que los documentos de carácter privado tengan fecha cierta. Esto se responde por un simple concepto: la simulación fiscal.

En México, el 95% de los contratos son consensuales, es decir, se perfeccionan por mero consentimiento de las partes. Es decir, el principio que rige en nuestro derecho la actuación entre comerciantes, es el principio consensual de los contratos.
Veremos  que señala de manera específica esta Jurisprudencia:

Documentos privados. Deben cumplir con el requisito de “fecha cierta” tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente.

La connotación jurídica de la “fecha cierta” deriva del derecho civil, con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas.

Así, la “fecha cierta” es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales.

Lo anterior, en el entendido de que esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dichos documentos se pretende lograr.

En resumen, esta resolución establece que los documentos privados deben ser fecha cierta, ya que los actos jurídicos --actos traslativos de dominio, contratos, etc.-- que se consignan en el documento, son elaborados únicamente por las partes que intervienen y, por ello, no pueden dar certidumbre de la fecha que consta en el mismo.

Con independencia de que el Código Fiscal de la Federación no lo exija, no conlleva a que tales documentos adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues significaría conferirles valor probatorio pleno, siendo que su naturaleza es de un documento privado.

En el ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad debe constatar la certeza de las operaciones que lleven a cabo los contribuyentes y que generen efectos fiscales, para adminicular pruebas y valorar documentos comprobatorios.
Asimismo, con base a la irretroactividad de las jurisprudencias, la Resolución contemplada debe ser obligatoria a partir del lunes 9 de diciembre de 2019.
 

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