SIERRA TARAHUMARA

Bajo el yugo del narcotráfico

La psicosis paraliza a los pobladores de algunas comunidades de esos municipios, quienes temen viajar a las cabeceras por temor a quedar atrapados en medio de los enfrentamientos
domingo, 26 de marzo de 2017 · 01:14
SIERRA TARAHUMARA, Chih. (Apro).- Los habitantes de los municipios chihuahuenses de las estribaciones de la Sierra Tarahumara viven en medio de la zozobra y el sobresalto ante los continuos tiroteos entre bandas del crimen organizado.
En esa zona del centro-oeste chihuahuense, el domingo 19 se enfrentaron dos facciones antagónicas de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez; esos grupos pelean el control del corredor carretero del tráfico de drogas hacia el norte: uno, liderado por César Raúl Gamboa Sosa, El Cabo (quien presuntamente controlaba la región de Cuauhtémoc); el otro, por Carlos Arturo Quintana, El 80.
El saldo de ese enfrentamiento fue de ocho sicarios muertos, entre ellos El Cabo, y cuatro policías municipales heridos.
Una versión extraoficial, recabada entre pobladores de la zona, habla de decenas de muertos, cuyos cuerpos fueron recogidos por sus mismos compañeros y, en algunos casos, arrojados a una laguna cercana al rancho El Venado, en el municipio de Cuauhtémoc.
Cerca de la laguna, el grupo del Cabo había organizado una fiesta ese domingo. Su rival, El 80, lo emboscó. El enfrentamiento tuvo su nivel más alto en el rancho La Quemada, donde quedaron tendidos tres cuerpos. Esa noche localizaron otros cuatro cadáveres en el municipio de Cusihuiriachi, siempre según versiones extraoficiales.
Los sicarios emboscados robaron vehículos para huir o para llevarse a sus compañeros heridos. Se dispersaron por varias comunidades, donde obligaron a los médicos locales a atender a los lesionados.
Los policías municipales habían ido al lugar, pues una llamada anónima les advirtió de una reunión de hombres armados. Cuando llegaron, fueron recibidos a tiros. Los cuatro municipales heridos fueron trasladados a un hospital privado de ciudad Cuauhtémoc.
La noche de ese domingo 19, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua decomisó las 17 camionetas abandonadas en la carretera, dentro de las cuales había armamento de alto poder y uniformes de la Policía Municipal de Cuauhtémoc. El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, anunció que se investiga a la corporación para tomar el control de la seguridad del ayuntamiento, como lo han hecho con otros seis, donde está a cargo la Policía Estatal Única (PEU).
EL MIEDO NO LOS DEJA VIVIR
Los agentes municipales fueron enviados a la Escuela Estatal de Policía, en la ciudad de Chihuahua, para someterlos a exámenes de control de confianza y a una capacitación de tres semanas. Entre el lunes 20 y el martes 21, siete de esos policías renunciaron en protesta por la medida.
"Aquí somos muy valientes, tenemos a Dios. Estamos rezando y pidiendo que esta situación vaya mejorando, que vayan decidiendo lo que tienen que decidir; pero sí hay unas señoras que tienen miedo”, expresa una mujer de Bachíniva, municipio colindante con Cuauhtémoc, donde se suspendieron las clases desde el lunes 20, luego del asesinato del Cabo.
"En la cabecera hay un kínder, una primaria y una secundaria, y en la colonia Primero de Mayo, que está aquí junto, hay kínder, primaria y está la preparatoria. No hubo clases; las calles están solas”, dice otro habitante del municipio.
La tarde del domingo, refieren pobladores del municipio, las calles quedaron vacías cuando a lo lejos se escuchó el tiroteo: "Hubo un retén en el expendio, en la gasolinera vieja, y no nos dejaban pasar para ir a la colonia Primero de Mayo. Nadie salió. Pasaban las camionetas nomás muy rápido. Ahora las calles están muy solas. Ya en la tardecita no sale nadie.”
Luego de los hechos del domingo 19, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que uno de los objetivos prioritarios de su administración es la captura del 80.
‘LIMPIEZA’ EN SEIS MUNICIPIOS
Un operativo estatal que busca "limpiar” las policías de seis municipios del oeste y noroeste de Chihuahua sólo llevó incertidumbre a la población: Se le teme a las posibles reacciones del crimen organizado o de algunos de los agentes municipales retirados temporalmente de sus puestos y que se niegan a someterse a exámenes de control de confianza.
Esos seis municipios forman parte de un corredor de drogas que culmina en Ciudad Juárez —Temósachi, Madera, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, los cuatro primeros, en la Sierra Tarahumara— y se hallan en aparente calma, pero la estrategia gubernamental provocó un "efecto cucaracha” hacia los ayuntamientos aledaños, todos controlados por La Línea.
El operativo estatal arrancó en medio de un importante incremento de homicidios dolosos en la entidad: 889 desde octubre, cuando Corral asumió la gubernatura, hasta el martes 21, la mayoría en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua.
Y mientras el miedo atrinchera a gente de municipios como Bachíniva, Namiquipa, Buenaventura y otros aledaños, en los seis donde la PEU está a cargo la gente vive en una tranquilidad aparente; pero la psicosis —generada en gran parte por las redes sociales y los medios— paraliza a los pobladores de algunas comunidades de esos municipios, quienes temen viajar a las cabeceras por temor a quedar atrapados en medio de los enfrentamientos.
La desconfianza hacia los policías de todos los niveles no se agota, aunque la PEU, en el primer mes del operativo, se ha limitado al trabajo de prevención y ha actuado con respeto a la ciudadanía.
En los ayuntamientos donde actúa la PEU se recogieron las opiniones de algunos habitantes, quienes pidieron el anonimato: "Aquí los municipales se paseaban junto con ellos (los delincuentes), eran lo mismo”, "los estatales han sido respetuosos, la gente hasta descansó porque los municipales ya nos tenían hartos, porque acosaban todo el día, esperaban a la gente afuera de los bares, por todo pedían dinero”, "hay unos municipales buenos, pero la mayoría ha estado ligado con los malosos”, "aquí los malos andan como si nada, no se han visto últimamente, pero sabemos que ahí siguen.”
Cuestiona un funcionario: "¿No se pondrá a pensar el gobernador que puede provocar una guerrilla entre municipios y delincuencia organizada? Ellos se lavan las manos, tienen 10 guaruras, pero la gente acá no, ¿y si la delincuencia organizada declara la guerra? La autoridad municipal queda en medio. Si yo fuera presidente municipal y me viera amenazado por los otros, renuncio.”
REBELION DE LOS ALCALDES
El 18 de febrero, Corral Jurado publicó el decreto 80/17 –en el Periódico Oficial del Estado– por el cual obliga a seis de los 67 ayuntamientos chihuahuenses a enviar a sus policías a someterse a exámenes de confianza en la Comisión Nacional de Seguridad y a capacitarse durante tres meses en la Escuela Estatal de Policía; mientras tanto, la PEU asume el control de la seguridad de esos municipios.
La determinación del gobierno estatal provocó la rebelión de los alcaldes y los secretarios locales de seguridad, quienes se resistían a viajar a la ciudad de Chihuahua. Las autoridades estatales ampliaron el plazo para iniciar la capacitación. La segunda semana de marzo comenzaron a llegar los primeros agentes.
Simultáneamente, una serie de rumores circularon en Cuauhtémoc y otros municipios de esa región: se hablaba de un toque de queda por los enfrentamientos y por la presencia de grandes grupos de hombres armados. La información fue desmentida por el fiscal general.
Los policías de Nuevo Casas Grandes hicieron una huelga de hambre un par de días y en la capital estatal aparecieron tres mantas exigiéndole a Corral que acabe con los jefes delictivos de Casas Grandes, Guachochi y todo el noroeste; si no, advertían, tomarían la justicia por su mano. Peniche atribuyó esos mensajes a los grupos delictivos que se busca eliminar.
Los cabildos de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes acordaron pedirle a Corral el retiro de la PEU y anunciaron que promoverían una controversia constitucional contra esa medida. No lo han hecho.
El secretario del ayuntamiento de Temósachi, Luis Alfonso Favela, asegura en entrevista que los policías de ese municipio no aceptaron la capacitación, tal vez por miedo: "Al principio comentaron que era muy duro, que fue de repente (...) llegó el rumor de que podían ser detenidos y llevados a la Ciudad de México. Ya se aclaró que no (...) algunos agentes no aceptan ir a capacitarse por temor a la delincuencia organizada, porque lo pueden tomar como provocación, aunque la única solución es que se capaciten.”
El funcionario municipal dice que la gente no está conforme con los estatales, aunque éstos no se han portado mal: "Acá la gente está impuesta a vivir así; de 100 autos, 10 no traen placas legales, unos traen permiso y nunca pasa nada. Ellos (la PEU) traen el criterio de checar todo. Checan licencias y aquí manejan muchos menores de edad, es muy común. Hay comentarios que desde que están los estatales han bajado las ventas hasta en abarrotes. La gente de Cocomorachi (comunidad de Temósachi) y la sierra vienen en carros sin placas y (ahora) mejor no vienen.”
El alcalde de Madera, Jaime Torres Amaya, dice que hasta ahora sí hay cambios favorables en la percepción de la ciudadanía respecto a los policías estatales; los municipales siguen percibiendo su salario, hasta saber si se consideran aptos o no para el servicio.
En este ayuntamiento desaparecieron seis policías municipales en noviembre pasado y hasta ahora sólo se han recuperado los cadáveres de dos de ellos. Torres Amaya asegura que la búsqueda continúa.
A su vez, el alcalde de Gómez Farías, José Noé Mendoza, reclama que la FGE se ha cerrado a la negociación: "Ya convencí a los policías para que se vayan a capacitar, sólo le pido a la fiscalía que deje a unos siete, los más grandes, que ya no tienen condición física, para que se coordinen con los estatales que no conocen la zona y tardan mucho en dar respuesta a los llamados; que usen a los agentes municipales como guías, porque todos los días hay molestias (…) El narco donde quiera está, en todo el país, eso lo sabemos, pero aquí no hay delitos de alto impacto”, dice a Proceso.
Uno de los alcaldes más renuentes al operativo era el de Nuevo Casas Grandes, David Mendoza Garrido. En entrevista comenta que, como en todas las corporaciones, hay elementos buenos y malos, y asegura que no está en contra de la profesionalización, pero, dice, la FGE no cuidó las formas ni respetó a las autoridades municipales:
"Todos pedimos que se fueran a capacitar en grupos, pero no cedieron (...) ya hicieron examen 86 y reprobaron 23 (...) los que no pasaron el examen y los que no quieran capacitarse, también los vamos a despedir. No puedo hacer nada. Si empiezan a demandar, a ver qué hacemos, con qué les pagamos, porque, como en todos los municipios, éste lo recibimos en quiebra.”
La alcaldesa de Casas Grandes, Yesenia Reyes Rentería, informa que su municipio es uno de los 11 pueblos mágicos de la entidad y el 22 de febrero, por la percepción de inseguridad que se ha generado, tuvieron que cancelar un congreso turístico al que asistirían 400 personas.

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