INUSITADAS FACILIDADES

Proyecto inmobiliario lleno de irregularidades

Fue concebido cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno en la capital del país, pero no tuvo ninguna traba en las administraciones subsecuentes
domingo, 25 de agosto de 2019 · 01:26

Jorge Carrasco Araizaga 
y Juan Carlos Cruz Vargas
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).– La Ciudad de México tendrá el desarrollo inmobiliario más grande de América Latina. El plan fue concebido cuando Marcelo Ebrard era el jefe de Gobierno de la capital del país. Desde entonces, las autoridades se pusieron al servicio de los desarrolladores urbanos. Fuera de los problemas para financiarlo, no ha existido escollo administrativo, histórico o judicial que no le hayan resuelto.
La idea se echó a andar con una transacción millonaria. En marzo de 2008 Bancomer —ahora BBVA— vendió dos predios del barrio de Xoco al banco HSBC en 218 millones 138 mil 200 dólares (4 mil 157 millones 714 mil pesos al tipo de cambio actual).
Sobre ambos terrenos ubicados en el sur de la ciudad se encontraba el Centro Corporativo Bancomer. En el de Avenida Universidad 1200 estaban las oficinas —ocupadas ahora por la Secretaría de Educación Pública—, y en el de Real de Mayorazgo 130, el estacionamiento.
La extensión
De acuerdo con los folios mercantiles, el área de los dos predios comprende 109 mil 606.58 metros cuadrados. Sobre ella, entre torres y estacionamientos subterráneos, está autorizada una construcción de 1 millón 28 mil 71.96 metros cuadrados, un volumen que casi ha duplicado a lo autorizado en el proyecto original.
El mismo año en que compró los terrenos, HSBC le solicitó al gobierno de Ebrard, ahora secretario de Relaciones Exteriores, la aprobación de un Polígono de Actuación privado, que no es otra cosa que el permiso para cambiar la lotificación o los usos de suelo con el fin de crear un proyecto urbano.
En sólo una semana, en diciembre de 2008, HSBC obtuvo ese permiso por parte del arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez, entonces titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y luego titular de esa dependencia en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando autorizó la ampliación de la obra.
En ese primer momento la Seduvi autorizó la construcción de 526 mil 111 metros cuadrados en ambos predios; es decir la mitad de los 109 mil 606.58 metros cuadrados. La otra mitad quedó como área libre.
Pero HSBC avanzó en la obtención de los permisos durante 2009. En agosto de ese año obtuvo de la Dirección General de Regulación Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad General (MIAG). 
En ella se estableció que el complejo inmobiliario más grande del subcontinente tendría siete edificios: cinco de uso habitacional, uno de oficinas y otro para una clínica médica, que terminó siendo el Hospital San Ángel Inn, sobre avenida Río Churubusco. 
En total se aprobaron 2 mil 582 departamentos y se estimó una población nueva para Xoco de 9 mil 739 personas, entre habitantes, empleados del hospital y del hotel, y los huéspedes. Ese número, al que se le sumarán los visitantes a las nuevas zonas comerciales, es tres veces mayor que el número de habitantes que tenía el barrio al comienzo de la obra. Pero de entonces a la fecha se han levantado otros desarrollos que han incrementado la densidad de población.
A la Manifestación de Impacto Ambiental le siguió, en apenas un mes, la aprobación del Estudio de Impacto Urbano (EIU). En septiembre de 2009 la firmó el director general de Administración Urbana de la Seduvi, Julio César Botello Rodríguez. 
Sobre costos
Ese trámite significó un incremento de la magnitud de la obra. Pasó a 858 mil 421 metros cuadrados, considerando 332 mil 310 de estacionamientos subterráneos, pues ya no eran los 10 mil 978 cajones originalmente proyectados, sino 12 mil 789. En el EIU consultado por los reporteros se mantuvieron siete edificios, incluida la Torre Mitikah, la cuarta más grande de América Latina. Esa aprobación inicial consideró una torre de 60 metros, no de 65 como finalmente quedó por autorización de la Seduvi y el aval de la Sedema y la administración de Benito Juárez. 
En la aprobación del Polígono de Actuación, la Seduvi dijo que la entonces llamada Ciudad Progresiva se desplantaría sobre un área de 54 mil 803.29 metros. La Sedema, al autorizar la MIAG, dijo que serían 53 mil 160.42. En ambos casos se mencionó que la mitad de los terrenos deberán quedar como área libre de construcción. Cuando el proyecto fue adquirido en 2015 por la inmobiliaria más grande del país, Funo, cambió el nombre a Mitikah, Ciudad Viva.
Conflictos de interés
La decisión de transformar al barrio de Xoco se tomó en medio de un conflicto de interés advertido por los vecinos cuando los trabajos ya tenían tres años de avance. El intento vecinal de detener la obra fue combatido en tribunales por el gobierno capitalino y desestimado en definitiva por el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, presidido en ese momento por Yasmín Esquivel Mossa.
El Plan Maestro del proyecto, obtenido por Proceso, fue elaborado por la firma Sistemas Integrales de Gestión Ambiental (Sigea), una consultora ambiental que tiene como uno de sus directores asociados a Gabriel Quadri, excandidato presidencial del Partido Nueva Alianza y exdirector del Instituto Nacional de Ecología (INE).
Entre 2001 y 2006 el director general de Sigea fue el ingeniero civil Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza, quien coincidió con Quadri en el INE durante el gobierno de Ernesto Zedillo. De enero de 2007, al inicio del gobierno de Ebrard, a junio de 2010, Nyssen fue director general de Regulación Ambiental de la Sedema del entonces Gobierno del Distrito Federal.
En esa condición de funcionario, en agosto de 2009 autorizó en menos de un mes la MIAG elaborada por Sigea para el Plan Maestro y solicitada por HSBC, entonces propietaria del proyecto. 
Vecinos intentaron hacer valer la existencia de conflicto de interés y llamar a juicio a HSBC. En una primera instancia, la Primera Sala Ordinaria del Tribunal Contencioso les dio la razón. En mayo de 2014, cuando la obra ya llevaba seis años, declaró la nulidad de la MIAG y le ordenó a la Sedema detener la ejecución del Plan Maestro aprobado por Nyssen Ocaranza.
La resolución fue apelada por la Sedema, a cargo entonces de Tanya Müller García, en el gobierno de Mancera.
Los desarrolladores pudieron seguir con el proyecto en enero de 2015, cuando la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo revocó la nulidad y archivó en definitiva el caso. Los magistrados de la justicia administrativa argumentaron que la demanda se presentó de forma extemporánea, tres años después de iniciada la obra. En una resolución unánime dijeron además que no se demostró el “interés jurídico” por no haber demostrado daños y perjuicios en las viviendas vecinas a causa de la obra. 
El arquitecto, Miguel Galicia Muñoz, presidente de la Asamblea de Ciudadanos del Pueblo de Xoco, asegura a este semanario que las construcciones colindantes con el predio de Real de Mayorazgo 130 sufrieron hundimientos, cuarteaduras y otros daños cuando se construyó el llamado Muro Milán para el estacionamiento subterráneo donde se proyectaron inicialmente 10 mil 978 cajones. 
Una de las afectadas fue la iglesia de San Sebastián Mártir, edificada en 1663, por lo que está catalogada con valor artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes. 
La resolución definitiva del Tribunal Administrativo de la capital a favor de continuar la obra fue aprobada por la Sala Superior, bajo la presidencia de Esquivel Mossa, designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado en marzo pasado, a propuesta de López Obrador.
La construcción del complejo no sólo continuó, sino que se fue ampliando con nuevos permisos de la delegación Benito Juárez y del gobierno central. Una investigación administrativa de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), de la Ciudad de México, documentó una larga serie de permisos obtenidos por los desarrolladores desde la década pasada en esos dos niveles de gobierno para la realización del proyecto y sus posteriores ampliaciones.

218 
millones 
138 mil 200 dólares se vendió el predio de Xoco a HSBC.

526 
mil 
111 metros cuadrados en ambos predios se autorizaron para construir.

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